Presentó a los ponentes de la mesa José Luis Sainz Guerra, agradeciéndoles su disposición a participar en este debate. Realizó una breve descripción de la problemática de la vivienda en España, los desahucios, las subidas de los alquileres, el proyecto de ley de la vivienda y el incremento de la tensión social en relación a este tema en todo el país. Señaló a continuación la aparición de algunos signos positivos en el panorama, con un cambio de talante en las administraciones, visible en los nuevos proyectos de rehabilitación y nueva construcción, así como en la aparición de nuevas propuestas en la sociedad.
Inició la intervención María Pardo, la cual ha sido profesora de Derecho, y desempeña actualmente el cargo de Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León. Señala que la idea central es mejorar la situación de aquellas personas vulnerables, que no tienen medios para poder alquilar o adquirir una vivienda y en todo caso las que destinan más de un tercio de sus ingresos para la vivienda. Y se pregunta: “¿Qué medios tiene la administración pública para resolver este problema habitacional? ¿Cómo pretendemos mejorar la situación de las personas vulnerables?”. Explica que, por un lado, está la acción legislativa, en la que no va a entrar por estar en trámite de aprobación la ley estatal de la vivienda. Por otro lado, están las acciones de fomento de la vivienda. Los dos pilares fundamentales del fomento de la vivienda de la Junta de Junta de Castilla y León son la ayuda directa y la subvención. La idea fundamental es incrementar el parque público de vivienda. “Intentamos poner en el mercado viviendas de protección oficial”, dice. Es un plan que está ya en funcionamiento, sobre todo de viviendas en alquiler; España está a la cola de la UE en vivienda social en alquiler; España tiene 390.000 de viviendas públicas destinadas al alquiler, que da cobertura al 1,6 % de los hogares, mientras que la UE tiene cubierto el 9,3 % de los hogares (datos de hace un año). “¿Cómo lo vamos a hacer?” se pregunta. Tienen preferencia los jóvenes, por ser el colectivo más vulnerable. El Estatuto de Castilla y León lo establece así, ayudar a los jóvenes para que puedan acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna. También señala el apoyo al medio rural, para combatir la despoblación. Se pretende también revitalizar el sector de la construcción y apoyar la economía, así como garantizar el mantenimiento y el disfrute de la vivienda. Una medida muy importante es la ayuda al alquiler. Como la administración pública no es capaz de dar respuesta a todas las demandas de vivienda, decide intervenir en el mercado, para que aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda pública, lo puedan hacer a viviendas del mercado libre recibiendo ayudas al alquiler. “Somos la única comunidad autónoma -junto con el País Vasco y Navarra- que otorga ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, no hay lista de espera” dice. El año pasado se destinaron 26 millones de euros a este fin, se les ayuda con el pago del 40% del alquiler. Pero se pretende, por primera vez, subir al 50% esa ayuda al alquiler, con unos topes, lógicamente. Explica que dichos topes son unos ingresos que van desde 3 veces el IPREM anual (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), unos 22.000 euros aproximadamente, hasta 5 veces el IPREM. Estas ayudas están dirigidas a personas vulnerables. Si son jóvenes la ayuda alcanza el 60%. Si además esos jóvenes deciden asentarse en el medio rural, entendiendo por medio rural municipios de menos de 10.000 habitantes, se incrementa la ayuda hasta el 75% del precio del alquiler. La Junta ha ayudado, en los últimos seis años, a 78.000 familias. La ayuda del alquiler joven ha llegado a 4.000 jóvenes, y es una medida que procede de la cofinanciación con el Ministerio, a través de los planes estatales. Otras medidas son el fomento de la construcción –promoción y rehabilitación- para intervenir en el mercado libre. Por un lado, está ya en marcha la construcción de viviendas de protección oficial, con una rebaja del 20% del precio de adquisición a jóvenes en el medio rural. Por otro, estamos negociando una línea de avales, que tengan límites, para facilitar el acceso a la vivienda, “vamos a ayudarles en una línea de aval, con 8 millones de euros”, dice. El incremento del parque público del alquiler es otra de las prioridades, se pretende comprar más de 800 viviendas hasta 2026; se utiliza el derecho de tanteo, cuando las viviendas de protección oficial se venden a particulares, las pueden comprar las administraciones públicas al mismo precio al que se están vendiendo. También se han empezado a rehabilitar las viviendas de camineros, se ha empezado por 133 viviendas, que estaban abandonadas y todas van a destinarse a alquiler social. La Junta quiere construir más de 1.200 según el modo de cohousing, pues gracias a la ayuda europea, Castilla y León va a recibir más de 55 millones de euros. Dentro de este programa se va a construir vivienda colaborativa. En vez de compartir pisos, se van a construir viviendas de 60 metros cuadrados –dos habitaciones, baño, salón comedor- y luego habrá salas comunes, una zona de ocio, otra de coworking etc. Se construirán más de 1.200 viviendas, Valladolid va a tener muchas viviendas de ese tipo, más de 500 probablemente. Otra política es la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes; se rehabilita la antigua vivienda del cura, del maestro, del médico hoy vacías. Se han rehabilitado ya 500 viviendas de ese tipo y pretenden al menos rehabilitar otras 360 hasta 2026. Con ello conseguirán que las escuelas no se cierren o vuelvan a abrirse. Explica que atrás quedan otras medidas que quería citar, como fueron las tomadas en medio de la pandemia y paralelas a las medidas del Estado; por ejemplo, promulgaron un Decreto Ley para ayudar a aquellos ciudadanos que estaban en una situación que hacía imposible pagar la renta; el objetivo fue condonar las deudas relativas a la vivienda de las personas con más dificultades y así reducir las cuotas que debían.
Interviene a continuación Pepe Lobato, es profesor y activista, pertenece al Grupo Stop Desahucios del movimiento 15M Valladolid, el cual forma parte de la gran familia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en España. Inicia su intervención indicando que les ha sorprendido el título de la mesa redonda, porque se cita el mercado de la vivienda; ellos ven la vivienda como un derecho social, más que como un mercado y así lo recoge la Constitución Española. Con la liberalización de las rentas de alquiler con el Decreto Boyer -publicado en los años 80 del siglo pasado- se permitieron las subidas abusivas de los alquileres y la cancelación de los contratos de renta antigua. Los contratos de renta antigua se mantenían desde los años 20 del siglo pasado y habían surgido con el movimiento de los inquilinos. Con la directiva de la UE, que exigía la renovación de la ley de Arrendamientos Urbanos, junto con la nueva Ley del Suelo del Partido Popular, que posibilitaba que todo el mundo pudiera construir en cualquier sitio, se construyeron más viviendas que las que construían Francia, Alemania y Reino Unido juntos, lo que dio lugar a la burbuja inmobiliaria que se inició en el año 2007. Una vez que estalló la burbuja inmobiliaria las familias no tenían acceso a los créditos lo que dio lugar a una crisis de la vivienda en propiedad, eso llevó a una vuelta al alquiler. Los precios de los alquileres ahora estamos viendo que han empezado a subir y, a pesar de la actual limitación del 2% del gobierno, los alquileres el año pasado se incrementaron en el 8%. Se hacen contratos abusivos, por ejemplo, contratos por un año, incumpliendo la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estamos viendo que las familias vuelven a pedir créditos hipotecarios y volvemos ver a muchas familias caer en la misma trampa en la que cayeron hace una década. Por lo tanto, tenemos ese problema de romper esos mantras que nos han inculcado, esos mantras son “la vivienda nunca baja de precio”; añade que no es real, muchas veces en tiempo de crisis las familias se han visto obligadas a vender por debajo del precio que pagaron por ella. Otro mantra es “alquilar es tirar el dinero”; si tuviéramos una ley de vivienda veríamos que no es así, como ocurre en ciudades como Viena. Viendo las propuestas de las administraciones, las ayudas al alquiler por una parte están bien porque ayudan a las familias; pero por otra, están mal ya que dan lugar a que los rentistas se aprovechen de esos ingresos y suban las rentas. Ya entrando en el parque público de vivienda social, en España según los datos de la OCDE para Europa estamos en el 4º lugar por la cola. En los Países Bajos el parque público de alquiler social es un 40%. En Austria está en el 24%. En Valladolid la demanda es del doble de las viviendas que hay. En cuanto a la renta que las familias destinan a la vivienda, España está en el 4º lugar de Europa. En Grecia la población dedica más del 40% de sus ingresos a la vivienda; Países Bajos también dedica un 48%; en Bulgaria dedica el 45% y España el 41%. Reivindicamos que sea sólo, como máximo un 30% de la renta familiar al alquiler, como a los suministros básicos. En Viena el objetivo es alcanzar el 25% y ahora están alrededor del 30%. Si no hay un mercado, si no hay vivienda para alquilar, los precios suben. En Valladolid solo hay 432 viviendas sociales en alquiler, de las cuales 344 en la capital. Esta situación está expulsando a las familias; las familias más vulnerables se van a los pueblos para conseguir precios más bajos. Los desahucios en los años posteriores a la burbuja eran por cuestiones hipotecarias. Sin embargo, los desahucios en el último trimestre del 2022 fueron en una abrumadora mayoría por impago del alquiler. Cuando en el título de la charla se dice “Congelación de rentas”, decimos sí, por supuesto. No se puede permitir los aumentos abusivos que se están dando. Con estas condiciones estamos expulsando a las familias de la ciudad, al aumentar los alquileres abusivamente. En la Comunidad de Madrid la SAREB vendió recientemente un bloque de viviendas en alquiler social y los nuevos propietarios –un fondo de inversión- han subido los alquileres. En este contexto de escasez de vivienda en alquiler ha surgido la transformación de las viviendas en pisos turísticos, lo que supone una reducción de la oferta al alquiler; si ya tenemos un parque de alquiler exiguo, bastante inaccesible, este cambio empeora las condiciones del mercado de la vivienda a las familias. Como dato curioso tenemos entre nuestros diputados del Congreso que el 20% de ellos son rentistas; eso significa que están legislando para beneficiar a sus intereses. La media de la ciudadanía en España que ofrece un piso en alquiler es del 5,4%. Mientras que la media entre los diputados es del 19%, destacando Ciudadanos con el 33%, Vox con el 30%, el PP 22%, el PSOE con el 27%, Podemos el 9,1%. Están defendiendo sus propios intereses. El ejemplo a seguir lo tenemos en los sindicatos de inquilinas de 1917 a 1920, con las luchas que se realizaron por el derecho a la vivienda y por unos alquileres asequibles, los cuales consiguieron el Decreto Bugallal del Ministerio de Gracia y Justicia, que se aprobó el 21 de junio de 1920 y que fue un gran avance del movimiento social. Esto llevó a que no hubiera ningún desahucio sin alternativa habitacional. Y añade: “Nosotras, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos conseguido por medio de 1.400.000 firmas la iniciativa de ley de vivienda”. Comenta el texto presentado en el Congreso como iniciativa de ley de la vivienda que desgraciadamente se encuentra paralizada. La Ley de la vivienda debe incluir: 1. La prohibición de desahucio a personas vulnerables sin alternativa habitacional. 2. Aprobar una regulación de alquileres efectiva y aplicable en todos los territorios; dotar de derechos de representación a las familias inquilinas, prohibir el cobro de los honorarios a los inquilinos. 3. Establecer la obligación a los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables, antes de iniciar una demanda que pueda acabar en desahucio. 4. Paralizar de inmediato la venta de viviendas de la SAREB. La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es el resultado del rescate de la banca; el año pasado en el presupuesto del gobierno español se tuvo que asumir un déficit de 30.000 millones de euros del SAREB, por el acuerdo del gobierno de la época con las entidades bancarias, déficit que supone la reducción de las partidas destinadas a otros servicios que son necesarios, como educación, sanidad, dependencia, etc. ; sobre todo es necesario modificar su objeto social; hay que transferir sus viviendas y suelos a los parques públicos de las comunidades autónomas. 5. Por último, garantizar el derecho a la vivienda con un blindaje similar al derecho de propiedad.
A continuación, toma la palabra Manuel Saravia, arquitecto, concejal de Planeamiento y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. Explica que va a dividir su exposición en varios bloques:
1. Ser más exigentes con el derecho a la vivienda. “Qué es la vivienda” se pregunta. “No sabemos”. “Que es el derecho a la vivienda”, “No está nada claro”, “Qué administración tiene la competencia de vivienda”, se pregunta. Y responde: “es la Junta, el Ayuntamiento también, pero detrás, el Estado también, pero delante, yo lo veo así”. Hay unas competencias del Estado y otras en manos de los ayuntamientos, lo que obliga a todas las administraciones a ir de la mano. La administración municipal y la autonómica están trabajando conjuntamente. Y señala un ejemplo: “Mañana se firma un acuerdo por el cual el Ayuntamiento va a ceder una parcela a la Junta para construir Vivienda Joven”. Y sigue, “la vivienda es un invento, es una construcción cultural. Hay muchas culturas que no tienen vivienda, como la conocemos aquí”.
2. Herramientas. En Valladolid hay una sociedad dedicada a la vivienda, VIVA, Vivienda de Valladolid; es una sociedad modesta, con un presupuesto de 9 millones al año, 12 trabajadores. “Es lo que tenemos y que funciona bastante bien”, añade. Otra herramienta es la Mesa de la Vivienda. Se reúne con cierta periodicidad para comprobar cómo van las cosas en el sector vivienda. En la Mesa de la Vivienda están representadas asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, empresarios, la Universidad, la Junta, etc. “Por cierto, la Junta ha venido solo dos veces a la Mesa” dice. Otra herramienta es el Plan Municipal de Vivienda. Muestra en la pantalla el índice del Plan Municipal de la Vivienda. 3. Un programa. Enumera las líneas de trabajo del Ayuntamiento de Valladolid en esta área. Las Viviendas Blancas son viviendas que compra el Ayuntamiento, para destinarlas al alquiler social, es un programa de alquiler, para familias vulnerables, y el objetivo es que nunca se queden sin vivienda, la horquilla de precios es de 30 a 300 euros al mes. Hay 256 solicitantes en la actualidad y el Ayuntamiento tiene 231 viviendas ocupadas y 256 solicitudes que no pueden ser satisfechas. Es un parque de vivienda discreto y disperso. Muestra en la pantalla un plano de Valladolid con la ubicación de las viviendas, efectivamente dispersas por la ciudad. Rehabilitación: mejora de las viviendas en general, actuaciones de rehabilitación energética, se compran de una a una. Otro programa: ascensores en el espacio público. A veces en áreas grandes vinculado a la Red de Calor. Con una Red de Calor pública es más fácil conseguir subvenciones públicas para los proyectos de unidades de propietarios.
3. Mejora de áreas residenciales. En concreto las áreas vulnerables, como el 29 de octubre. 570 viviendas. Lo que intentamos es llevar ciudad donde está la gente, allí donde están los ciudadanos mejorar las condiciones. También se hará en las Viudas, etc. Otro programa para colectivos determinados: jóvenes, mayores, casos excepcionales, etc. Otro programa: Impulso para el alquiler, a través del programa ALVA, Alquiler Valladolid, pretende favorecer o dar garantías a los propietarios que dudan en alquilar y el inquilino lo pone el Ayuntamiento. El último programa es el clásico, construir vivienda. Vamos a facilitar la construcción de 5.000 viviendas nuevas. Si hacemos 5.000 viviendas nuevas, irán a vivir ese número de familias y a su vez dejarán las suyas, a las cuales irán otros con menos medios, y al final todo el proceso mejorará la vivienda. Es un esquema muy típico, que en cierta forma no es verdad, porque hay muchos que en un momento dado por mucha vivienda que haya no pueden subir, no pueden mejorar, Pero, por otro lado sí es verdad, si tenemos en cuenta que hay una cierta demanda de vivienda nueva en mejores condiciones y eso existe, es un programa de filtrado. Tenemos el parque público municipal con 460 viviendas, más 50 de alojamientos provisionales, total, en torno a las 500. Más las de la Junta, y entonces nos quedamos en menos del 1% de vivienda pública en Valladolid. Comenta: “Es una situación penosa”. Muestra imágenes, donde se ven los ascensores en espacio público. Muestra imágenes también del 29 de octubre. Bloques de Jóvenes y Mayores.
4. Una oportunidad. Que son la Ley estatal y la Ley autonómica. La financiación estatal, autonómica y europea y la financiación municipal. Lo primero es la ley estatal, comenta ampliamente los términos de la misma, grandes tenedores, viviendas vacías, control de alquileres en áreas tensionadas. Dice: “Yo creo que hay que apoyarla sin ninguna duda”. A su juicio le faltan apartados, le faltan elementos, -señala- pero lo que plantea está bien. La ley autonómica está esperando a la ley estatal, sí que hay un borrador, uno de los elementos que considera más significativo es el de los parques públicos, la financiación se concentra en la Junta de Castilla y León, la financiación europea llega a la Junta, la estatal llega a la Junta. “De ahí pasa a los ayuntamientos, … lo que pasa”, dice. Algunas veces pasa muy poco, de algunos programas pasa muy poco. Y luego está la financiación municipal. Los programas se llevan a cabo con la financiación municipal. Es una oportunidad la financiación europea, estatal, autonómica, que hay que intentar aprovechar, porque la institución que está más volcada en la vivienda es el Ayuntamiento. Muestra imágenes con un cuadro de síntesis de la ley estatal y la autonómica, y la financiación estatal y autonómica. Muestra varias imágenes de ministros, consejeros, la propia María Pardo con el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, presentando un convenio con el Ayuntamiento. Comenta que el Ayuntamiento intenta buscar oportunidades, las viviendas de la Dársena del Canal de Castilla, así mismo la Azucarera de Santa Victoria es una gran oportunidad. Se comentaba antes sobre el mercado de la vivienda, creo que es importante la perseverancia, estamos ante unas cifras fatales. En España y en Valladolid. Bilbao, que tiene unos pocos habitantes más que Valladolid, tiene 4.000 viviendas públicas. Hay que perseverar en estas políticas hasta que alcancemos unas cifras buenas. 4. Datos. Tamaño familiar medio: 2,3 habitantes por vivienda. Precios: 1.511 euros/m2 en compra y 7,32 euros/m2 en alquiler (datos de junio del 2022). Muestra varias tablas y planos de Valladolid con los precios de venta y alquiler por zonas.
5. Referencias de otras ciudades y países. El ejemplo mejor es Viena. Las cifras de vivienda en Viena asustan, comparadas con Valladolid. En Viena se dedican 320 euros por habitante al año para la vivienda. Vivienda mínima y tipologías, aquí se definen las características mínimas de la vivienda: superficie, orientación, sol, etc. En algunas ciudades se considera exigencia de la vivienda que haya microondas. Comenta la expansión de las nuevas tipologías edificatorias: Viviendas colaborativas, el cohousing, etc. Concluye con el logo: “La vivienda de la última ciudadana”. Es decir, tener en cuenta a la hora de elaborar políticas de vivienda a la persona que está en las peores condiciones, y cómo va a garantizar la administración pública que la última ciudadana pueda tener una vivienda digna. Cierra su intervención con una imagen del Plan de la vivienda de Barcelona.
Se abre el turno de preguntas y pide la palabra María Pardo. Quiere dar datos positivos, lo que se ha hablado es para estar alegre, ya que hablando del parque público de vivienda en Castilla y León el plan es duplicarlo. Solo en Valladolid, de aquí a 2026, la Junta va a hacer 463 viviendas colaborativas. La Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con todas las capitales para ofrecerles ese dinero que viene de Europa. Como la Junta no tiene parcelas es necesario entrar en contacto con los ayuntamientos para obtenerlas. La financiación de las 463 viviendas está repartido, el 50% viene de fondos europeos y el otro 50% son de la Junta de Castilla y León. Luego están las actuaciones singulares, en Castilla y León se realizan más de 700 actuaciones singulares, con rentas muy bajas. Y luego, dirigiéndose a Manuel Saravia dice, en relación a la asistencia de la Junta a la Mesa de la Vivienda: “Por favor, no nos convoques a la Mesa de la Vivienda en las dos últimas semanas de diciembre y ya verás como vamos seguro. Nada más”.
Una persona del público señala que el problema de la vivienda es complejo. Dar soluciones sencillas a problemas complejos es un error y es fácil caer en la demagogia. Hay que considerar que en España menos de 20% son viviendas en régimen de alquiler. El otro 80% de las viviendas están ocupadas por su propietario. Y esas viviendas en alquiler no son todas de fondos buitre, el 80% son de gente particular, que invierte sus ahorros en una vivienda y la ofrece en alquiler, es una forma de ahorro para el propietario. Muchas veces, cuando se produce un desahucio, detrás de ese desahucio hay 8 y 10 meses sin cobrar la renta, con un endosamiento de gastos de suministros a veces de 2.000 y 3.000 euros. El inquilino se va y le deja al propietario una deuda inasumible para una economía modesta y las administraciones no quieren saber nada de eso. Se puede hablar también de las ocupaciones. Tal y como está el tema de la justicia, se puede tardar hasta dos años en echar a los ocupas. ¿Es eso justo? Una de dos, o nacionalizamos la vivienda y damos una vivienda a cada familia española, o equilibramos la relación propietario-inquilino, para que los pisos en alquiler sigan creciendo. La vivienda pública en España es prácticamente inexistente. Recuperar las casas de los peones camineros o rehabilitar los cuarteles de la Guardia Civil no resuelve el problema. Contesta Manuel Saravia: “el problema de la vivienda en España no son las ocupaciones, sale mucho en la televisión, pero son muy pocos casos para el ruido que hacen”. Comenta que el tema central sobre el que se está hablando es el de los desahucios sin alternativa habitacional. Reflexiona sobre lo lejos que estamos de los países europeos en vivienda social. Hay que mejorar y hay que perseverar. Interviene María Pardo para señalar que se están arreglando las casas del Puente Colgante de la Guardia Civil y que se va a abordar la rehabilitación del cuartel de Vadillos y añade: “Creo que es una buena política aprovechar las oportunidades que nos da el parque existente”. Pepe Lobato añade que las familias precarias que ocupan viviendas, suelen hacerlo con las viviendas de los bancos. “Esas viviendas fueron robadas a las familias y cuando vino la crisis del 2008 se vieron abocadas a la calle, no solamente ellos, también sus familias, que habían avalado la hipoteca con sus viviendas y perdieron casas que estaban pagadas en su totalidad”. Se establece un debate sobre la consecuencia de la crisis, los desahucios por impago de hipotecas y por impago del alquiler. Se habla de los sufrimientos de las familias desahuciadas y de la falta de alternativas que se dieron a las familias, junto con la falta de sensibilidad de los bancos.
Interviene una persona del público diciendo que se ha hablado de la vivienda colaborativa y comenta que se le está dando un contenido demasiado sencillo. No es solo que la vivienda colaborativa tenga una parte privativa y otra parte común, no es solo eso. La vivienda colaborativa que viene del norte de Europa es más que eso y algunas personas queremos potenciarla, porque significa eliminar la especulación e incluir otro concepto, que es la cesión de uso. Se olvida el carácter social de la vivienda colaborativa. Alaba la política de cesión de terrenos para la vivienda colaborativa que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Valladolid y los proyectos de la Junta. Interviene María Pardo para señalar que la Junta de Castilla y León ha priorizado las acciones para favorecer a las personas vulnerables, básicamente las ayudas al alquiler y la accesibilidad para las viviendas sin ascensor con personas mayores, etc.
Otra persona habla del proyecto ALVA, insiste en las viviendas colaborativas y especialmente pregunta sobre las condiciones para obtener suelo del Ayuntamiento. Contesta Manuel Saravia sobre los requisitos que se plantean en esos proyectos, se pretende impulsar esa tipología, lo que ocurre es que lleva un procedimiento largo.
Interviene finalmente José Luis Sainz Guerra para señalar que ACCS incluyó en el título de la mesa el mercado de la vivienda porque nos guste o no nos guste, en la actualidad es dentro del mercado como se produce el 98% del alojamiento de nuestra sociedad. Hoy en esta mesa redonda se ha hablado de las viviendas para las familias vulnerables, a causa de la preocupación de la sociedad española por este tema. Y está muy bien que haya dominado en la mesa el tema de la urgencia social por el alojamiento. Las administraciones municipal y autonómica, durante mucho tiempo han estado actuando en contra de la dirección actual, vendiendo vivienda social o dejando que se deteriorase, lo cual ha sido tremendo. Hoy afortunadamente en la actualidad hemos cambiado de etapa, estas dos administraciones representadas en esta mesa caminan en un sentido más adecuado. Pero hay que hablar del mercado, el mercado de la vivienda hay que controlarlo, hay que regularlo. Lo estamos viendo en otros mercados completamente disfuncionales, como el gas o la electricidad. Por supuesto que es esencial que no vuelva a ocurrir la tragedia de los desahucios, los desahucios han generado muchísimo malestar, han soliviantado a toda la sociedad, pero es menester ver el problema como un todo.