Una vez estudiados los documentos que forman el Avance del Plan General de Valladolid, se ha presentado una alegación ante el Ayuntamiento. En ella se plantean varias observaciones, entre las que destacamos la obligación legal que tiene el Ayuntamiento de favorecer la participación ciudadana en la realización del planeamiento, la necesidad de tomar decisiones basados en hechos reales, analizados con seriedad y detalle -y no en ilusiones o deseos- y finalmente sobre la cuantificación y localización del suelo urbanizable, verdadero caballo de batalla del urbanismo especulativo que alimenta todavía la burbuja inmobiliaria y que sigue inspirando la acción municipal.
