“Derecho al buen gobierno de la ciudad”

Autores: Susana Ordóñez, Celestino Candela Pi, José Manuel Fernández Delgado y José Luis Sainz Guerra.

La aspiración a tener una acción pública de buena calidad depende de cómo los elegidos utilizan los poderes que los ciudadanos les otorgamos. Una administración eficaz depende del grado; en el cual lós poderes públicos-políticos son capaces de afrontar y resolver con éxito los problemas que gestiona, respetando las reglas del juego. Solo se aprende de aquello que se evalúa. La administración de una ciudad no es una cuestión de fe. Y nuestros gestores políticos municipales, yerra que yerra, con aparatos administrativos caducos, que no sirven, donde las estructuras, los procesos y las maneras de hacer responden mayoritariamente al viejo estilo, nacido para responder a entornos muy diferentes de los actuales. Hoy los directivos públicos municipales se enfrentan a escenarios cada vez más complejos. El rol de los poderes públicos municipales ya no es el de mandar y vetar. El gobierno de una ciudad incluye las estructuras, los procesos, los actores, las relaciones entre ellos, las reglas, los dispositivos de control y rendición de cuentas y…en general, todos los elementos que inciden sobre las decisiones en la esfera pública. 

II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental

Lanzarote Reserva de la Biosfera 26-28 de marzo 2009

Playa del Papagayo en Lanzarote.

Reproducimos aquí las “Reflexiones finales” de las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental llevadas a cabo en Lanzarote el pasado mes de marzo. Entendemos que se trata de unas conclusiones de gran trascendencia, que deben hacer reflexionar a todos. En nuestro panorama más cercano estamos viendo todos los días esa inoperancia de la Justicia derivada de la incapacidad de ejecutar las sentencias. A ello contribuyen sin duda los trucos que nuestras administraciones practican con habilidad para dilatar en el tiempo las ejecuciones de las sentencias, hasta convertirlas en inejecutables. También es muy preocupante la trivialización de las sentencias por parte de nuestras administraciones, para hacerlas irrelevantes. Es necesario un cambio de actitud radical en la sociedad en relación a la impunidad de las administraciones en las vulneraciones de la legalidad en materia urbanística, de ordenación del territorio y ambiental.